Методические рекомендации по изучению дисциплины 5 Методические рекомендации по выполнению реферативных

La necesidad de flexibilizar la organización del trabajo junto con los medios que brinda la tecnología han determinado la creciente externalización de actividades, dando lugar a una nueva figura: el teletraba­jo. El trabajador ya no va a prestar sus servicios en la sede de la empresa, sino que la acti­vidad pasa a desempeñarse en otro lugar, en general el domi­cilio. Esto va a requerir la in­tervención de un medio de co­municación que ponga en con­tacto al trabajador con la em­presa. El desarrollo del teletra­bajo, es por ello parejo a la apa­rición de nuevas tecnologías.

Las ventajas son evidentes. La empresa ahorra costes (al­quileres, luz,....) y puede mejo­rar la gestión del trabajo y con ello la productividad. El traba­jador se beneficia de un impor­tante ahorro de tiempo y dine­ro, al evitar desplazarse, y pue­de organizar mejor su horario laboral y adaptarlo a sus nece­sidades. También es necesa­rio citar los beneficios para la sociedad en medio ambiente y mejora del transporte.

Pero supone también in­convenientes. Los principales derivan de la falta de control sobre el empleado y sobre la información gestionada. Tam­bién se señala la desmotiva­ción o el aislamiento que pue­de suponer para el empleado.

Es importante también el vacío legal que existe. Las nor­mas jurídico-laborales son difí­cilmente aplicables al no valo­rar las especialidades de esta forma de trabajo. El primer problema, desde el punto de vista jurídico, es calificar la re­lación del trabajador con la empresa, si se trata de una re­lación labora] (trabajador por cuenta ajena) o mercantil (au­tónomo). En el primer caso, la figura contractual más adecua­da sería el contrato a domici­lio. En el segundo, se trataría de un contrato de arrenda­miento de obra o servicio. No obstante, las dificultades de probar que se trata de una re­lación laboral y la preferencia de las empresas por el contra­to mercantil pueden inclinar la balanza hacia éste régimen. En cualquier caso, y ante la fal­ta de normativa, el acuerdo se erige como elemento esencial.

Otro punto de interés es la internacionalización. El traba­jador puede residir en países alejados, lo que provoca serios problemas a la hora de deter­minar el derecho aplicable.

5. 
   Reglas iguales para la banca
   

La Comisión Europea daba a conocer esta semana su deci­sión en torno a la concesión de ayudas y garantías públi­cas a la banca pública alema­na. La importancia de este ti­po de instituciones es muy destacada en Alemania. Se estima que tres de cada cua­tro ciudadanos de este país tienen su cuenta corriente en alguna de las cajas de ahorro o en los bancos cooperativos públicos. Además, los princi­pales bancos públicos regio­nales han ampliado su abani­co de actividades compitien­do con la banca privada en negocios que se alejan de los cometidos para los que fue­ron creados los bancos públi­cos. El aumento de la compe­tencia en un sector es un as­pecto que siempre ha de ser valorado positivamente. Sin embargo, si se juega al mis­mo juego, todos los partici­pantes deben atenerse a las mismas reglas. No es éste el caso en la banca alemana.

La banca pública de dicho país cuenta con una serie de garantías de sus respectivos propietarios. En el caso de los bancos públicos regiona­les, cada Estado regional (Land) garantiza de forma ili­mitada las obligaciones que el banco haya contraído y que no pueda satisfacer. Ello les permite contar con califi­caciones crediticias muy ele­vadas, obteniendo por esta vía unas condiciones de fi­nanciación más favorables que las de los bancos priva­dos. A esta gran ventaja ha de añadirse que, al ser públi­cas, estas entidades no se ven presionadas a alcanzar un de­terminado beneficio para sus accionistas. Además, en ocasiones, reciben ayudas pú­blicas más o menos encubier­tas. Así ocurrió con el Westdeutsche Landesbank cuando el Gobierno regional transfirió a esta entidad los activos de una agencia públi­ca de desarrollo inmobilia­rio, lo que fue visto por el sec­tor como una inyección de ca­pital aprecios inferiores a los del mercado. Si el Gobierno alemán acepta la decisión de la Comisión, tiene de plazo hasta septiembre para remi­tir una propuesta adaptándo­se a las reglas comunitarias. La propuesta debe ponerse en práctica a finales de mar­zo del próximo año. Más vale tarde que nunca.

5. 
   Guía para montar un cobijo con estilo
   

Si usted quiere abrir un pe­queño hotel con estilo pero no sabe cómo, ya tiene la solución. Rusticae, una empresa que agrupa a 67 hoteles "con ca­rácter" en toda España, ha crea­do una consultoría que ayuda a montar este tipo de estableci­mientos, que generalmente se ha­llan en antiguos palacios, corti­jos, conventos, masías y molinos, y se distinguen por su ubicación, decoración, arquitectura y gusto para el detalle.

Por una cifra que ronda el mi­llón de pesetas, la consultoría se encarga de asesorar a los aspiran­tes a hoteleros y ofrece varios ser­vicios: hace un es­tudio de la viabili­dad económica y turística del pro­yecto, un plan de acción muy deta­llado, y sigue a los clientes en to­das las fases de la creación del ho­tel. Además, pro­porciona decora­dores y arquitec­tos a aquellos clientes que lo re­quieren; eso sí, si están dispuestos a pagar una co­misión aparte.

"La idea nació porque nos lla­maba mucha gente que había es­tado en nuestros hoteles y pedía consejos e información", explica Carlota Mateos, titular, junto a Isabel Llorens, de esta empresa. Esta chica de 24 años creó hace tres años la marca Rusticae con el objetivo de agrupar y diferen­ciar los hoteles con estilo, mien­tras gestionaba con su compañe­ra un hotel de este tipo en Astu­rias. "Nos dimos cuenta de que muchas personas confundían el hotel con carácter con el turismo rural y de que hacía falta organi­zar una campaña de marketing para explicar qué hacíamos", cuenta Carlota. "Además, los operadores turísticos extranjeros nos exigían tarifas muy altas, y los proveedores de productos de acogida, como el jabón y el cham­pú, pretendían que comprára­mos 10.000 unidades a la vez. Pensamos que hubiera sido todo más barato si conseguíamos unir­nos con otros hoteles", añade.

Fue con esta intención con la que Carlota e Isabel, quienes se conocieron en 1994 en el aero­puerto londinense de Heathrow mientras compartían un retraso aéreo de ocho horas, viajaron por todo el país durante tres me­ses para conocer los hoteles con es­tilo existentes.

En 1997 crea­ron Rusticae co­mo un "club de ca­lidad", cuyo fin es ocuparse de la promoción y co­mercialización de los hoteles asocia­dos. La cuota anual, que varía entre las 150.000 y las 300.000 pese­tas, incluye tam­bién un servicio centralizado de información y gestión de las re­servas; un servicio central de compra para acceder a produc­tos hoteleros de calidad a precio bajo y con el logo de Rusticae; el control periódico de la calidad y cursos de formación para hotele­ros y personal. "También fomen­tamos la comunicación interna a través de encuentros que organi­zamos cada vez en un hotel dife­rente. De esta forma, los gestores pueden conocerse e intercambiar­se experiencias".

La compra de Gas Figueres, una pequeña empresa familiar de distribución gasista en Figueres (Girona), entraña la primera to­ma de posición, aunque modes­ta, de la empresa energética as­turiana en Cataluña y evidencia la voluntad de la compañía de fortalecer su actividad como operador gasista, y de extender­se territorialmente. La Comuni­dad de Madrid es también otro de los objetivos de Cantábrico, tanto en el ámbito del gas como en el de la electricidad, con cuyo fin el pasado abril pactó con Ca­nal de Isabel II la constitución de una nueva sociedad conjun­ta, de inminente operatividad, para abordar nuevos proyectos de generación y distribución.

En los próximos días Cantá­brico pondrá también en pro­ducción en Navarra su primera central de ciclo combinado, ali­mentada con gas.

Hidrocantábrico, cuarta com­pañía eléctrica española, con una cuota de participación del 7% en el mercado nacional, y una posición gasista muy mino­ritaria, limitada hasta ahora al Principado de Asturias a través de su filial Gas Asturias, prosi­gue con su estrategia de expan­sión de sus negocios de electrici­dad y gas, en el afán de cobrar tamaño y poner en valor la forta­leza de su nueva composición accionarial, en la que, a resultas del intenso y enconado proceso de sucesivas OPAS (ofertas pú­blicas de adquisición) competiti­vas que vivió la sociedad entre los años 2000 y 2001, conviven dos multinacionales energéti­cas, un caso insólito en el sector eléctrico español.

Electricidade de Portugal (EDP) posee el 40% de Cantá­brico, la alemana Energie Ba­dén Wurtenberg (EnWB) —a su vez participada por Electricité de France (EDF)— es titular del 35% y Cajastur controla di­recta e indirectamente el 25,05% de la sociedad. El fortísimo desembolso realizado por los socios internacionales para poder entrar en Cantábrico —la operación supuso una inversión de 3.006 millones de euros (500.090 millones de pese­tas)— constituye un acicate adi­cional para que los accionistas pretendan rentabilizar esta am­biciosa apuesta impulsando el crecimiento que ya en los años precedentes había iniciado la compañía para romper su histó­rico constreñimiento al merca­do regional asturiano.
9 Movilidad geográfica
España es Uno de los países donde los trabajadores se muestran más reacios a aban­donar su lugar de nacimiento por motivos de trabajo. Una reciente encuesta constata que sólo una cuarta parte de la población empleada ha cambiado de ubicación para trabajar.

Pero la actual sociedad de mercado requiere unas rela­ciones laborales flexibles que permitan a la empresa adap­tarse rápidamente a las nue­vas exigencias que los cam­bios económicos puedan exi­gir. Ello supone dotar al em­presario de la capacidad de poder mover geográficamen­te a la plantilla cuando las ne­cesidades productivas así lo exijan. Las últimas reformas laborales han ido por esta vía.

Igualmente, el trabajador español desempleado debe es­tar dispuesto a trasladarse allí donde se demande em­pleo, especialmente en un mercado de trabajo como el nuestro, donde aún imperan altas tasas de paro. Se ha acu­sado en este sentido al desem­pleado español de ser excesi­vamente "cómodo" y preferir la subsistencia a costa del era­rio o familiar antes que el obligado traslado. Es cierto que todo cambio de residencia su­pone un incremento en los gastos, especialmente debido a los altos precios de la vivien­da y la escasez de oferta de al­quiler. Junto a esto hay que mencionar también el proble­ma que supone la falta de in­formación sobre las ofertas de empleo habidas en otras comunidades.

Así, el Gobierno se está planteando incentivar la mo­vilidad geográfica en la próxi­ma reforma laboral. No pare­ce convencerle que algunas comunidades como Andalu­cía puedan tener una tasa de desempleo del 20% mientras otras como Cataluña apenas alcancen el 7%. Para subsa­nar estas diferencias se pretende convertir al Inem en un auténtico intermediario, de forma que las ofertas de em­pleo que existan en una comu­nidad puedan ser conocidas en el resto. También se apro­baría una serie de medidas pa­ra compensar los gastos que supongan el cambio de resi­dencia. Una de dichas medi­das podría ser la rebaja de im­puestos para aquellos para­dos que aceptasen un empleo en otra área geográfica.

La fijación del marco tarifario es clave para que la apertura total del mercado gasista —adelan­tada, como en el sector eléctrico, al 1 de enero del año 2003—, no se produzca en falso.

La pervivencia de subvenciones cruzadas entre consumidores, desde el segmento doméstico-co­mercial al industrial, propio del entorno normati­vo anterior, genera distorsiones e ineficiencias en las decisiones de los clientes, y en última instan­cia, puede provocar un déficit de ingresos del siste­ma que ponga en dificultades el sector y retraiga las inversiones.

Es por ello que tarifas y peajes deben ser cohe­rentes entre sí, y reflejar los costes incurridos por los distintos consumidores. En la normativa re­cién publicada, este objetivo no se cumple, tal y co­mo ha expuesto el organismo regulador, al impu­tarse a los peajes un mayor volumen de costes que a las tarifas correspondientes.

En cuanto a la retribución de las actividades, la equiparación de inversiones existentes y nuevas, en contra de lo establecido en la propuesta previa, contribuye a definir un escenario más favorable para los agentes entrantes.

En el caso de la distribución, sin embargo, el mecanismo de actualización definido -en función del crecimiento de los precios y de demanda y clientes-parece no tener en cuen­ta suficientemente la progresiva apertura del mercado y consi­guiente pérdida de cuota de Gas Natural SDG y sus filiales en favor de los nuevos distribuidores y comercializadores. La fórmula de revisión de los costes reconocidos a la actividad podría situar en una situación ventajosa a los agentes establecidos frente a los nuevos, dificultando la competencia efectiva en el mercado.

Ello es aún más grave si tenemos en cuenta que la nueva normativa no introduce incentivos al cumplimiento de parámetro de calidad alguno por parte de los distribuidores, cuestión esencial, como ha quedado demostrado en un sector afín al gasista como es el eléctrico, en los últimos meses.

11 Llega la tarjeta de James Bond

En poco más de tres años, todas las tarjetas llevarán incorpora­do un microprocesador. La innovación aportará no sólo una sus­tancial mejora en la seguridad de las transacciones. Facultará al usuario de este medio de pago para acceder a una amplia bate­ría de opciones, desde los servicios bancarios hasta la gestión de las operaciones y saldos. La tercera generación del dinero de plástico ya está aquí. Llegan las tarjetas con licencia para pagar. Y también para dormir tranquilo.

Una nueva generación de tarje­tas financieras se dispone a de­rrumbar todas las barreras que existen frente al comercio elec­trónico. Un microprocesador de seis kilobytes de memoria, el equivalente a un miniordenador de finales de los años seten­ta, convertirá a estos medios de pago en un instrumento digno de una película de James Bond. Un arma con licencia para gas­tar, con seguridad a prueba de piratas y una amplia gama de servicios.

El chip permitirá integrar en un solo instrumento las tarjetas de débito, crédito y monedero. Y también el cambio de límites de deuda por parte del titular en un cajero o la acumulación de puntos en la propia tarjeta en los programas de fidelidad de clientes a través de puntos por compras.

"El nivel de seguridad de las tarjetas es muy elevado en Espa­ña. El fraude apenas llega al 0,02% del total de las operacio­nes, pero es diez veces mayor en el mundo, porque es muy fácil falsificar una tarjeta. En Espa­ña casi no existen operaciones fraudulentas, porque las tran­sacciones se realizan on line.

La alta seguridad de las tran­sacciones con tarjeta en nues­tro país no resta interés a esta innovación. El comercio electró­nico a través del móvil, donde toda la banca española se ha unido para tener listo este servi­cio el próximo año, por la vía de Internet e incluso mediante el mando a distancia del televisor, registrarán un fuerte impulso "" oí momento en que se pongan en marcha las soluciones informáticas que, en muchos casos, ya están desarrolladas.

Los principales emisores de tarjetas del mundo — Visa, Mastercard y American Express— han comenzado la incorpora­ción de un chip en sus tarjetas, cuya tecnología ha sido desarro­llada por Europay, Mastercard y Visa. De estas iniciales se deri­va el nombre de EMV, corres­pondiente al estándar diseñado por las tres sociedades.

El microprocesador converti­rá las tarjetas en un instrumen­to prácticamente inviolable páralos hackers a la hora de ac­ceder a la información conteni­da en ella. Todos los datos regis­trados en el chip están protegi­dos por claves. "El sistema per­mitirá que el número secreto del usuario cambie con regulari­dad gracias a los denominados sistemas de codificación diná­mica de la información. Cuan­do se saque de un cajero, éste cambiará el lenguaje que reco­ge el número de usuario con unos códigos distintos", señala Eduardo Merigó. El coste del fraude páralos piratas informá­ticos será tan elevado que difi­cultará al máximo su actividad en este terreno.

Si Argentina estornuda, Uruguay se constipa, como si las aguas de los ríos Uruguay y de la Plata contagiaran. No hay otro país que soporte tanto la crisis de la tercera economía latinoamerica­na como su pequeño vecino, con una superficie tres veces más pequeña que España y sólo tres millones de habitantes. La crisis argentina afecta sobre todo al sector uruguayo del turismo, una de sus principales fuentes de ingresos, y al comercio exterior.

La deuda de Uruguay perdió el mes pasado el grado de inversión, la más baja calificación de riesgo crediticio para un país emergente, que había logrado en 1997- Sólo Chile y México mantienen hoy ese privilegio en Latinoamérica, lo que les permite financiarse en mercados internacionales exigen­tes y a bajos tipos de interés.

La rebaja de la condición uru­guaya responde a las dificultades para reducir el persistente déficit del sector público en un entorno económico vulnerable, según la agencia Standard & Poor's (S&P). La prima de riesgo subió de 3% por encima de los bonos norte­americanos a 4,9%, un nivel aún poco inquietante.

La calificadora japonesa Rating & Investment catalogó la deu­da soberana de largo plazo de Uru­guay en el último grado de la esca­la de inversión (BBB) con perspec­tiva negativa. Este país suramericano planeaba emitir bonos Samu­rai por 200 millones de dólares (unos 229 millones de euros) el mes próximo.

Uruguay, sin embargo, consi­guió lo que Argentina todavía sueña: esta semana firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que inclu­ye un crédito por 400 millones de dólares (459 millones de euros). El dinero será destinado al mejoramiento de la situación fiscal, el mantenimiento de la so­lidez del sistema bancario y la in­tensificación de las reformas es­tructurales. Dos bancos en Uru­guay, uno de ellos el argentino Galicia (participado en un 7% por el español SCH), han sufrido fugas de capitales.

Desde que Argentina entró en recesión a mediados de 1998, Uruguay también ha dejado decrecer. Su receta económica ha sido bien distinta, pues los go­biernos de Montevideo han man­tenido en los años noventa los servicios públicos en manos del Estado, cuidaron de que la deu­da externa permaneciera en nive­les equilibrados, redujeron la brecha entre ricos y pobres —único caso latinoamericano en la década pasada—, aunque no lograron altos índices de creci­miento. "Si a los argentinos les va mal, lo vamos a terminar su­friendo nosotros", comenta una empleada de la compañía telefó­nica estatal Antel. Uruguay tam­bién se perjudicó por la reapari­ción de la fiebre aftosa, que fre­nó la exportación de carne vacu­na entre 2000 y 2001, y la des­aceleración mundial.

La crisis argentina afecta en Uruguay al turismo, una de las principales fuentes de ingresos, y al comercio exterior. El Gobier­no de Jorge Batlle debió devaluar el peso y lanzó recortes de gastos, aumentos de impuestos, creación de otros y alzas en las tarifas de los servicios estatales.

Tras comentar la pasada sema­na las principales novedades que el Real Decreto-Ley 5/2002 había introducido en materia de despido, debemos referirnos en esta ocasión a al­guna de sus modificaciones más importantes en relación con el desempleo.

Uno de aspectos más polé­micos ha venido referido al de­nominado "compromiso de ac­tividad" por el cual el "parado" que percibe una prestación por desempleo se compromete a buscar activamente empleo y aceptar una colocación adecua­da. El incumplimiento de esta obligación puede determinar la pérdida del derecho a la pres­tación. En este sentido, la nor­ma ha fijado unas pautas para determinar qué se entiende por "colocación adecuada", de­finiendo el término en aten­ción fundamentalmente a dos criterios: la profesión y la situa­ción geográfica.

En lo que respecta a la profe­sión, se considera "adecuada" la demandada por el trabaja­dor la que se corresponde con su profesión habitual, la que se ajusta a sus aptitudes físicas y formativas o la última que hu­biera desempeñado; pero transcurrido un año se considerará adecuada cualquier coloca­ción que a juicio del Servicio Público de Empleo pueda ser ejercida por el trabajador.

Desde el punto de vista geo­gráfico, será "adecuada" aque­lla que se encuentre en la locali­dad de residencia habitual del trabajador o en otra localidad situada a menos de 30 kilóme­tros o dos horas de desplaza­miento (ida y vuelta), siempre que el coste no sea superior al 20% del salario mensual; o cuando el trabajador tenga po­sibilidad de alojamiento apro­piado en el lugar de nuevo em­pleo. Para facilitar el desplaza­miento y el alojamiento, la nor­ma prevé ayudas económicas. La normativa permite, ade­más, que los Servicios Públicos de Empleo puedan adaptar es­tas previsiones a las circunstan­cias profesionales, personales y familiares del desempleado.

El precepto contiene, no obstante, numerosas ambigüe­dades, como, por ejemplo, que debe entenderse por "búsque­da activa de empleo" cuales son las "profesiones que pue­den ser ejercidas por el trabaja­dor" o la determinación de la forma en que deben medirse las distancias y el tiempo de desplazamiento.