Текст 15: Orden en las autonomías
La financiación autonómica se ha convertido, prácticamente desde que se diseñó, en una fuente de problemas políticos que ningún gobierno se atreve a afrontar en profundidad. Al contrario que la inteligencia para Descartes, el dinero destinado a pagar los servicios transferidos debe ser lo peor repartido en España, puesto que todas las comunidades consideran lesionados sus derechos y, como agravante, pocas hacen algo para solucionarlo, como no sean remiendos de circunstancias, poco o mal coordinados. A nadie extraña ya que el Gobierno, que en algún momento anunció una reforma en profundidad de los impuestos autonómicos, una inextricable maraña de gravámenes que ofende a la racionalidad fiscal, haya decidido trasladar cualquier decisión a la próxima legislatura. Durante la cual, por cierto, tampoco hay garantías de que vaya a producirse un cambio serio y pactado. En España, los problemas complejos invitan a la procrastinación.
Y, sin embargo, la reforma tendrá que abordarse para, entre otras cosas, mitigar las consecuencias del descontento producido por lo que se percibe como desigualdad. Los principios básicos de la reforma deberían estar claros: cada comunidad recibe el dinero suficiente para financiar los servicios públicos esenciales en condiciones de igualdad con el resto de las autonomías (igualdad en proporción al volumen de servicios prestados, por supuesto); a esta función responde, con más voluntad que acierto, el actual Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF). A partir de este Fondo, si una Comunidad desea mejorar sus prestaciones en educación o sanidad, por ejemplo, debe arrostrar el coste político de su decisión y subir los impuestos entre sus residentes.
Pero esta es la teoría. En la práctica, juegan también los recelos entre las comunidades y una resistencia invencible a subir impuestos (resistencia que comparten con el Gobierno central). Una reforma real (es decir, no meramente cosmética) debería mantener el FGSPF y suprimir en resto de los parches y ortopedias añadidos, como los fondos de suficiencia y convergencia, que se han erigido para compensar o contrarrestar otras supuestas carencias del sistema. Dicho de otro modo, no es evidente que el sistema de financiación autonómica sea el procedimiento más eficaz para corregir desigualdades o favorecer convergencias.
En su lugar, el desafío político consiste en que los gobiernos autonómicos acepten la corresponsabilidad fiscal y dispongan con libertad de márgenes para subir impuestos. Hay que acabar con la pertinaz reclamación de más recursos al Gobierno central; lo cual implica necesariamente que las comunidades dispongan de más libertad fiscal. Es una decisión que compete al Parlamento que, como todas, implica ventajas y cargas. El Gobierno debe perder capacidad de coacción tributaria y las autonomías deben aceptar la carga política de gestionar una parte importante de los impuestos. Y eso puede costar votos.
Текст 16: Decisiones más valientes
La descentralización política y financiera en España es, en gran medida, un proceso exitoso: ha mejorado la calidad de vida del ciudadano medio y la equidad en el acceso a los servicios, y ha servido para cimentar la democracia. No obstante, este éxito general se ve empañado por la persistencia de problemas serios. Algunos de ellos podrían mejorar con el mero paso del tiempo. Por ejemplo, el aprendizaje y absorción de la cultura política federal, en lo que atañe a la lealtad mutua entre los diferentes niveles de gobierno; o la atribución correcta de responsabilidades, que permite una rendición de cuentas apropiada. Otros, en cambio, como las tensiones centrífugas en Cataluña y las distorsiones que provocan las ventajas financieras generadas por el sistema foral, van a exigir notables esfuerzos, ingenio y habilidad política. En cualquier caso, el sistema de financiación autonómica aparece en el centro de la mayoría de esos problemas.
Sin minusvalorar los avances logrados en la reforma aprobada en 2009, en el sistema de financiación autonómica persisten deficiencias graves. En particular, la insuficiencia financiera y las distorsiones que afectan a la equidad. Con respecto a la primera, las comunidades autónomas (CC AA) de régimen común siguen siendo excesivamente dependientes de las decisiones del gobierno central e incapaces de resolver por sí sus problemas financieros. Con respecto a la segunda, los ajustes ad hoc alteran por completo las reglas de redistribución (nivelación) inicialmente pactadas, y la forma en que se computan el cupo vasco y la aportación navarra continúan siendo el caldo de cultivo óptimo para los sentimientos, fundados, de agravio comparativo.
A nuestro juicio, no nos podemos permitir el lujo de proseguir en la estrategia del remiendo. Debemos entrar a fondo en el rediseño del sistema, incidiendo en la separación de las esferas de influencia, competencias y responsabilidades del gobierno central y de las CC AA.
La queja perenne de las autonomías en cada ronda sucesiva de negociación de su financiación ha sido la insuficiencia de ingresos. La respuesta del Gobierno central ha sido, de forma recurrente, ceder más transferencias y evitar a las CC AA el trance de exigir impuestos a sus ciudadanos. Esta “restricción presupuestaria blanda”, el hecho de que los agentes asuman que la obtención de recursos adicionales es solo una cuestión de presión e insistencia sobre el Gobierno central, genera efectos secundarios nocivos sobre la rendición de cuentas y la responsabilidad fiscal de las autonomías. La clave está en entender que la suficiencia global del sistema solo puede determinarse mediante la interacción entre Gobiernos y votantes en el ámbito autonómico. Exactamente igual que hacemos a escala estatal o local. Es el proceso democrático de elección del nivel de gasto y de la correspondiente carga tributaria en el seno de cada comunidad lo que debe determinar el grado de suficiencia. En este sentido, las discusiones sobre autonomía y suficiencia convergen. La solución integral pasa por combinar la disponibilidad de instrumentos tributarios propios y de alta capacidad recaudatoria con la aplicación de una restricción presupuestaria dura. Es perentorio transmitir un mensaje claro de que no habrá rescates explícitos o implícitos, o incrementos indoloros de recursos.
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